CONCEJO DE DORAL SUSPENDE PLAN DE PENSIONES PARA OFICIALES ELECTOS

Doral, Abril 13/2023 (Redacción Doral First).  El Concejo de Doral suspendió el miércoles de manera inmediata, el pago de beneficios a funcionarios electos, aprobado por la anterior administración contraviniendo normas federales, constitucionales y estatales.  

En la sesión que contó con la presencia virtual del abogado Glenn E. Thomas, quien representa a la firma legal Lewis Longman Walker, los miembros del ente legislativo escucharon el resultado del análisis realizado a la Ordenanza 2021-02 aprobada el 10 de Febrero de 2021 cuando la ciudad se debatía en medio de la pandemia del Covid-19.

Thomas explicó que a pesar del cumplimiento de algunos de los requisitos necesarios para procesar la ordenanza, ciertas “provisiones del plan violan leyes y/o regulaciones estatales y/o federales en lo que se refiere a los planes de retiro en entidades públicas”.   

“Una entidad gubernamental responsable de cualquier sistema de retiro o pensión sostenido total o parcialmente con fondos públicos no debe, después de enero 1 de 1977, proveer incrementos en los beneficios de los miembros favorecidos con tal sistema, a menos que dicha unidad realice las provisiones necesarias para tal incremento, basadas en fondos suficientes para cubrir los costos totales de los aumentos”.

Tras la detallada y brillante exposición del abogado que dejó claras las violaciones a leyes Federales, Estatales y Constitucionales, se procedió a escuchar las preguntas de los concejales Maureen Porras, Oscar Puig-Corve, el vice-alcalde Rafael Pineyro y la alcaldesa Christi Fraga.

EL MOMENTO CLAVE

Las preguntas de los nuevos concejales rondaban alrededor  de los procedimientos para suspender la vigencia del infame plan y evitar seguir gastando dinero de los contribuyentes en un plan abiertamente ilegal e inconstitucional. El concejal Puig-Corve, firmante y responsable del adefesio jurídico buscaba que algún ente superior emitiera un concepto para legitimar la suspensión de la norma, lo que implicaría meses de pagos adicionales e injustificados a  los actuales beneficiarios. La concejala Digna Cabral también responsable de haber firmado una ordenanza inconstitucional e ilegal no se pronunció sobre el tema, tal vez por vergüenza, o quizás por ignorancia.

El vice-alcalde Pineyro fue muy concreto en sus apreciaciones brindando claridad sobre lo que debería hacerse, “si el Plan no fue hecho siguiendo las normas legales de Florida, es inconstitucional” dijo. “No quiero hacer juzgamientos políticos pero tenemos que ser responsables con los residentes…de acuerdo con los números que tengo, si continuamos con este Plan, le costará a la ciudad cerca de 2,1 millones de dólares en los próximos 3 años, sin incluir costos de salud y seguros” agregó.

“No creo que es justo con los residentes estar sujetos a esto, es desafortunado que esto haya ocurrido, estoy en contra de cualquier Plan de Retiro para oficiales electos, creo que es inmoral pedir a los residentes que paguen los salarios de estos funcionarios, especialmente a nivel local…no es la primera vez que lo digo y lo seguiré diciendo, inclusive si mis colegas no están de acuerdo” dijo Pineyro.

“Pienso que nos debe avergonzar que tenemos dinero para esto y no tenemos dinero para aumentar el salario de los oficiales de policía, no tenemos dinero para el programa de adultos mayores, esa es la realidad” concluyó.

Acto seguido propuso votar una moción para dejar sin efectos el Plan de Retiro basado en la inconstitucionalidad del mismo, a lo que los asistentes respondieron con aplausos de aprobación. Acto seguido la concejala Maureen Porras secundó la moción que también fue respaldada por la alcaldesa Fraga elogiando las palabras de Pineyro.

La alcaldesa refirió los comentarios que le hizo el abogado Thomas en otra ocasión refiriéndose a la forma irregular, ilegal y falta de ética del Plan: “En cuarenta años de práctica legal, nunca había visto algo como esto”.

Tras algunas aclaraciones jurídicas de Thomas, se procedió a votar la moción para recomendar al comité administrador del Plan la suspensión del pago de pensiones bajo la Ordenanza en conflicto y solicitar al abogado de la ciudad la presentación de una Ordenanza para rechazar la que autorizó el Plan.

A las 7:34 de la noche del lluvioso miércoles 12 de Abril con votación unánime se oficializó el certificado de  defunción del adefesio jurídico orquestado, preparado y aprobado por el alcalde Juan Carlos Bermúdez (Abogado), el vice-alcalde Pete Cabrera, la concejala Digna Cabral, el concejal Oscar Puig-Corve, el administrador interino de la ciudad Hernán Organvidez y el abogado de la ciudad Luis Figueredo, con voto en contra de la concejala Claudia Mariaca.

Bueno sería que con dicho certificado, se extendiera también el de la muerte política de sus gestores ante semejante acto inmoral realizado en contra de todos los residentes de Doral justo en el momento en que toda la comunidad se enfrentaba a la peor crisis humanitaria, económica y de salud de los últimos 100 años.

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OBSERVACIONES DEL INFORME PRESENTADO POR LEWIS LONGMAN WALKER

“De acuerdo con mi investigación los requisitos constitucionales de la sección 14 articulo X y la parte VII del capítulo 112 no fueron observados durante la adopción del Plan de Retiro para oficiales electos y varios de los requisitos aplicables a la administración y provisión de fondos del Plan no se siguieron desde el comienzo”.

“Ninguno de los requisitos de pre-adopción fueron seguidos por la ciudad, no se hizo una revisión de cuentas para saber cómo se iban a pagar las pensiones y no se emitió un informe sobre el impacto de dichos pagos”. “Esto es importante no solo porque no se siguió la ley, sino porque indica que la ciudad adoptó el Plan sin poseer conocimiento de lo que los beneficios le costarían a los contribuyentes o cómo se iban a pagar dichos beneficios” “La División de Retiros de Florida confirmó que la ciudad no remitió los documentos relacionados con el Plan de Retiro para Doral”.  

“El plan aparentemente seria pagado con el método “pay-as-you-go” – (Pague sobre la marcha – es decir sin previsión)”

El abogado recomienda remitir los documentos necesarios a la División de Retiros, algo que esperamos que la ciudad no haga, puesto que eso sería equivalente a legitimar el infame sistema pensional. También recomienda contratar los servicios de una firma legal que evalúe los costos e impacto  del Plan y realice los estudios sobre provisión de fondos.  

Sin embargo, el Concejo de la ciudad tiene la potestad de declarar el Plan ‘inconstitucional’ y detener su aplicación de manera inmediata para proteger los intereses de los contribuyentes. Lo anterior obligaría a quienes hayan recibido beneficios basados en dicho Plan, a reintegrarlos de manera inmediata.

PAGOS RETROACTIVOS                                            

El análisis también concluye que, basados en jurisprudencia de la Fiscalía General de Florida, “Una ciudad no debe gastar fondos públicos para pagar a exempleados que estén bajo planes de retiro cuando esto no ha sido autorizado por la ciudad al momento del retiro del oficial o empleado”.

Lo más llamativo de este adefesio jurídico denunciado en la edición de Enero de 2021 por Doral First Magazine, es que la ordenanza fue firmada por el abogado de la ciudad en ese momento, Luis Figueredo y por otro abogado, el alcalde de la ciudad Juan Carlos Bermúdez. Dos juristas que en su afán de pasar el Plan, cabalgaron sobre la ilegalidad con el voto de los concejales a excepción de Claudia Mariaca.